Redacción 1 | 21 de abril de 2018

Durante esta semana se hizo publica negativa del tribunal Supremo a solicitud de la CNT para compensaciones por dos sedes en Córdoba incautadas en la Guerra Civil, asegurando que no puede demostrar la propiedad directa de edificios en La Carlota

En en el caso de La Carlota, y con la oposición de UGT, el sindicato reclamaba derechos de compensación sobre la antigua sede de la organización previa a la Guerra Civil.

Nota de Juan Carlos Molina, concejal de  Izquierda Unida La Carlota:

Es sobradamente conocido por aquellas personas que se interesan por la historia de nuestro pueblo la influencia que para el movimiento obrero-jornalero tuvieron los sindicatos desde antes de la proclamación de la II Republica. Tanto UGT (Unión General de Trabajadores) como  principalmente la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores).

Tanto unos como otros convergían en la llamada Casa del Pueblo, situada junto a la Posada Real, pero, además, se sabe que la CNT tenía locales en algunas aldeas, siendo quizás la mayor la del Arrecife, que estaba donde hoy se levanta la iglesia de esa aldea, cuyo terreno fue confiscado por el franquismo tras la guerra y regalado al Obispado.

Estas instalaciones, construidas ladrillo a ladrillo por los propios jornaleros y trabajadores, de forma voluntaria y altruista, servían no solo para los asuntos sindicales, sino como foco de cultura popular, donde se impartían clases de lectura y escritura a los que no sabían. De ahí que podamos afirmar que la propiedad real de los terrenos y edificio donde se ubicaban esas organizaciones del pueblo fuera usurpada por la dictadura.

Creo que sería de justicia resarcir de alguna manera y reponer el patrimonio histórico sindical de esa formación obrera, entendiendo que, para permitir el derecho a la recuperación de ese patrimonio que les fue robado, al  Tribunal Supremo le hubiese bastado con indagar en la historia y testimonios de los que aquí la conocen, así como en las publicaciones históricas de la época.

Desconozco que documentos registrales o de propiedad habrán recabado desde el alto tribunal, pero estoy seguro que no hay papel más fiable que la memoria y testimonio de los que conocieron la construcción y actividad del “centro obrero”, como se le llamaba en su tiempo, tanto el del Arrecife, como el de otras aldeas, donde la presencia de la CNT era patente, y del que han dado repetido testimonio.

En fin, creo que es injusto que se les siga negando su derecho a recuperar su patrimonio sindical, y, desde este escrito, manifiesto mi solidaridad con ellos y mi desagrado con la decisión del Tribunal Supremo, que, desde mi opinión, mantiene la injusticia hacia esa formación sindical, a la que, dicho sea de paso, ni pertenezco ni he pertenecido nunca.

Juan Carlos Molina, Portavoz Municipal de izquierda unida de la Carlota.