Ante esta situación, los hermanos del fallecido reclaman que en casos como éste no se limite el tiempo de la prisión preventiva, porque se corre el peligro de que finalmente el presunto autor material de los hechos huya.

 Los escritos de conclusiones provisionales a los que ha tenido acceso este periódico recogen que el fallecido, que tenía diagnosticada una enfermedad mental, contactó con el referido abogado, amigo del presunto autor material del homicidio, para emprender acciones legales por unos supuestos abusos sexuales sufridos en su infancia.

En este sentido, señalan que este letrado, "aprovechándose de dicha situación (la patología de su cliente) y sin tener intención de prestarle servicio jurídico alguno, formalizó encargo profesional con el mismo". También recogen que estableció un plan en el que, con la excusa de emplear un investigador privado para defender mejor sus intereses, puso en contacto a la víctima con el principal acusado, que utilizó una identidad falsa y se hizo pasar por sacerdote. "Y ello, a sabiendas del perfil criminal" de este procesado, a quien había representado en varios procesos penales.

Las calificaciones indican que el objetivo de los procesados fue lucrarse de la víctima, pero después de una primera visita el fallecido contactó con otro abogado diferente, lo que "precipitó los acontecimientos", según recogen estos documentos. Así, apuntan que en septiembre del 2017 el principal acusado acabó con la vida de la víctima "por estrangulación y sofocación, según concluyó posteriormente el informe de autopsia".

Añaden los citados documentos que el día seis de septiembre del 2017, el acusado, "con la irrevocable decisión de hacer desaparecer el cuerpo sin vida" de la víctima y "poder suplantar su identidad" y "disfrazado de sacerdote", adquirió en una ferretería de Valdepeñas (Ciudad Real) y con la tarjeta de crédito del fallecido, "todo lo necesario para tal fin: una carretilla, un pico, un par de guantes y un rollo de cuerda. Algunos de esos enseres fueron luego encontrados" en el domicilio de Rodríguez Borrego.

Estos escritos relatan las actuaciones posteriores al fallecimiento y recogen, entre otras circunstancias, que el principal procesado fue detenido en Madrid en enero del 2018 tras haberse apoderado, supuestamente, de unos 39.330 euros de una cuenta bancaria y alrededor de 9.000 euros de otra propiedad del difunto. Además, precisan que el segundo encartado "ha participado en los beneficios del fraude". Junto a la muerte de esta persona y el apoderamiento de su dinero, las calificaciones les atribuyen otros delitos como el robo de diversos objetos de su propiedad y la usurpación de su identidad.