El Tribunal Administrativo deja en el aire el servicio de comedor en 22 colegios

El dia de córdoba | 4 de agosto de 2017

El recurso de una empresa de las que optaba al contrato paraliza la adjudicación del proceso en toda la comunidad autónoma

Cuando apenas quedan 40 días para el inicio del curso escolar, 551 centros de toda Andalucía y más de 59.000 alumnos no tienen garantizado a día de hoy qué empresa prestará el servicio de comedor en esos colegios. Se trata de un contratiempo que la Consejería de Educación confía en resolver, pero que a día de hoy está abierto. La razón no es otra que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que ha decidido suspender todo el procedimiento de adjudicación de los contratos -valorados para toda la comunidad autónoma en más de 58,2 millones de euros- tramitados por la Agencia Pública Andaluza de Educación, hasta que se resuelva el recurso presentado por una de las empresa participantes en el proceso -Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente-. La entidad registró el recurso el 3 de julio toda vez que fue excluida por la mesa de contratación, razón por la que no sólo alegó, sino que además reclamó la paralización de todo el proceso de adjudicación.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta emitió su dictamen el 26 de julio, con lo que ahora sólo queda esperar a que se clarifique el recurso antes del inicio del curso escolar, el día 11 de septiembre. En ese concurso de "concesión del servicio público de comedor en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación en la modalidad de concesión" no están todos los recintos educativos de Andalucía, pero sí buena parte de ellos, concretamente 551. En el caso de la provincia, el problema afectaría a 22 colegios repartidos entre la capital y la provincia y un total de 1.760 plaza, según se marca en los lotes que corresponden a Córdoba.

La Agencia Andaluza de Educación se opone a la medida cautelar por su alto impacto

Antes de que el tribunal tomara una decisión, la Agencia Pública Andaluza de Educación se opuso a la medida que reclamaba la empresa alegando que la concesión de este servicio público cubre la exigencia de atender las necesidades de alimentación básicas de las personas menores en Andalucía y que "la ejecución del contrato implica una atención diaria a 59.165 usuarios en los 551 centros docentes, siendo que de la totalidad de los usuarios atendidos, un 13,4% se encuentran bonificados al 100% en el precio público, al tratarse de usuarios que se encuentran en situación de extrema necesidad y en el entorno de los umbrales de pobreza".

La Administración autonómica añade que la suspensión del procedimiento "conllevaría necesariamente la paralización de esta cobertura básica para la población señalada que se encuentra en una situación de exclusión social o en riesgo de padecerla y tendría una repercusión directa sobre las personas que actualmente son beneficiarias del servicio público, así como las familias afectadas para las que el comedor escolar se ha convertido en un mecanismo imprescindible para facilitar la compatibilidad y el cuidado de los hijos".

Sin embargo, nada de esto le ha valido al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que "la suspensión de la licitación es el mejor remedio para asegurar la eficacia de la resolución del recurso en caso de una eventual estimación del mismo" y añade que esa suspensión afecta a la totalidad del concurso y no sólo al lote en el que la empresa recurrente había sido excluida.

Otro de los argumentos del tribunal es que el recurso tardará poco tiempo en resolverse, "a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento judicial cuya tramitación es más compleja y su duración más prolongada. Es por ello que las medidas provisionales en el seno del recurso especial no han de serlo por un lapso de tiempo dilatado, lo que ya supone de partida un menor riesgo o perjuicio para el interés público que demanda la adjudicación y formalización del contrato de que se trate".

Este fallo afecta sólo a los 588 centros incluidos en este contrato, si bien la red de comedores en Andalucía es mucho mayor. Según los datos que aportó en su día la Junta, durante el pasado curso se ofreció el servicio de comedor a más de 180.000 alumnos andaluces, repartidos en 1.886 centros educativos. De ellos, más de 320 dispone de servicio propio en sus instalaciones, mientras que el resto se adjudican por concesión. En torno a 40 empresas de restauración trabajan para el sistema educativo andaluz, que generan a su vez 8.000 empleos directos.

Cinco lotes para la provincia

Esta suspensión cautelar del servicio de comedor afecta a lo que la Junta denomina cinco lotes en la provincia de Córdoba. En el primero de ellos -el 19- incluye el colegio Noreña de la capital y los centros Santa Ana y Ferrobús de Palma del Río; Montealto y Nelson Mandela de La Carlota; Ramón Medina de Fuente Palmera; Antonio Valderrama de Espiel y Virgen de Luna de Pozoblanco. En el lote número 20 se incluyen Hernán Ruiz y Miraflores en la capital; García de Leániz en Moriles; Nuestra Señora de la Sierra de Cabra; San José de Calasanz en Lucena; y Nuestra Señora de la Expectación en Encinas Reales. El denominado lote 21 afecta a los colegios Mirasierra, Los Ángeles, Nuestra Señora de Linares y Pedagogo García Navarro de Córdoba ciudad, así como al Santa María de Albendín en Baena y Juan Díaz del Moral en Bujalance. A esta veintena de centros se unen el colegio Carmen Romero de Aguilar de la Frontera (lote 101) y el Ramón Hernández Martínez de Cañete de las Torres (lote 101). En total son 22 centros y 1.760 plazas de comedor.