El juicio por el crimen de la Chica Carlota comenzará el 6 de junio

El magistrado afirma que "el riesgo de fuga u ocultación resulta altísimo" y dispone medidas excepcionales para enjuiciar al principal acusado antes de que abandone la prisión provisional

Redacción | 9 de mayo de 2022

El juicio por el crimen de la Chica Carlota comenzará el próximo 6 de junio. Así lo ha dispuesto el magistrado que presidirá el jurado, José María Morillo-Velarde, de la sección segunda de la Audiciencia provincial de Córdoba, en un auto del pasado cinco de mayo. Este fue el mismo día que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimó el recurso planteado por el principal acusado del asesinato de Juan Carlos Rodríguez contra el auto en que se resolvían las alegaciones planteadas a las cuestiones previas.

En el auto de hechos justiciables, el magistrado alude a la "urgencia del asunto" para adoptar diferentes medidas excepcionales que contribuyan a que el juicio se celebre antes de que el principal encartado abandone la prisión provisional, lo que ocurriría el próximo 26 de junio. En este sentido, para agilizar el procedimiento declara hábiles todos los días en el periodo comprendido entre el día 6 de mayo y el 6 de junio de este año, "a excepción del plazo de cinco días para la devolución del cuestionario remitido a los candidatos a jurados y aquel de que disponen las partes para formular excusas, así como los sábados subsiguientes hasta el día 25 de junio".

Además de esto, dispuso la celebración "inmediata" del sorteo de los jurados, lo que ocurrió el viernes pasado por la tarde, e instó a recabar "la máxima colaboración posible de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la realización de actos de comunicación".

El principal encartado se sometió a una operación de estética

En su resolución, José María Morillo-Velarde afirma que "se estima conveniente la pronta celebración del juicio" dada la situación del principal acusado en prisión, "sus antecedentes y el hecho mismo de que se sometió a una operación de cirugía estética", por lo que valora que "el riesgo de fuga u ocultación resulta altísimo", una situación de la que ha advertido la familia de la víctima en numerosas ocasiones.

Asesinato y otros cinco delitos

En cuanto a los hechos justiciables, el magistrado indica que estos son "la muerte violenta llevada a cabo de forma intencionada" presuntamente por el principal acusado, Pedro G. G. en septiembre del año 2017, "con la connivencia del otro acusado, Joaquín R. G., prevaliéndose de la enfermedad mental de la víctima".

El magistrado entiende que "dicho acto fue llevado a cabo para facilitar la impunidad del hecho siguiente, una vez que el fallecido tuvo contacto con otro abogado", y hace referencia a "la entrega sucesiva de varias sumas de dinero, que en total ascienden a 9.700 euros", bajo engaño que el segundo encartado, abogado, supuestamente urdió "fingiendo la realización de un determinado encargo profesional y prevaliéndose de su crédito profesional, con la participación activa del otro acusado, que desempeñó el papel del “investigador” que habría de colaborar en la interposición de una denuncia o querella".

Además, Morillo-Velarde apunta que se juzgará "la sustracción, consecutiva a la muerte de la víctima, de determinados objetos personales, el vehículo y documentación de esta", así como "el apoderamiento, mediante el uso de tarjetas bancarias, de un total de 37.337 euros".

También se someterá a la Justicia "la frecuente utilización de la documentación de Juan Carlos, por quien el acusado Pedro G. se hacía pasar, tanto para las operaciones anteriores como para eludir responsabilidades o justificar el uso del vehículo sustraído" y "la falsedad documental, atribuyendo a la víctima la condición de sujeto contractual en el préstamo concertado" con una entidad financiera por importe de 30.000 euros.

El magistrado detalla que los referidos hechos justiciables constituyen, indiciariamente, los delitos de asesinato; dos estafas, por la falsa prestación de servicios profesionales y el uso de las tarjetas de crédito; robo con violencia; usurpación del estado civil y falsedad en documento mercantil.