Cinco detenidos en Córdoba y La Carlota por amañar contrataciones públicas

La operación Enredadera está dirigida por la juez Mercedes Alaya y es una fase del operativo Madeja. La Guardia Civil realiza varios registros y solicita información sobre contratos a la Diputación co

Delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal. Son algunas de las infracciones penales que la Guardia Civil imputa a los más de 30 detenidos ayer en el marco de la operación Enredadera, que dirige la jueza Mercedes Alaya, y que también tiene sus ramificaciones en Córdoba. En territorio provincial son cinco las personas detenidas, según ha podido saber El Día, de los que tres son empresarios y dos técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Los arrestos tuvieron lugar en la capital cordobesa y en el municipio de La Carlota, en la comarca de la Vega del Guadalquivir y la mayoría de los detenidos están vinculados a una trama que amañaba contratos con la administración pública y que pagaba por este tipo de actuaciones a empleados de las instituciones.

El operativo se llevó a cabo de forma coordinada por la Unidad Central Operativa (UCO) del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil, de manera que en torno a las 09:00 de ayer comenzaron los registros y actuaciones en todas las provincias afectadas, todas en el caso de Andalucía a excepción de Málaga y Almería. Como consecuencia de estas acciones se procedió a la detención de esas cinco personas en Córdoba y La Carlota.

Esta fase de explotación denominada Enredadera es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla, donde según la Guardia Civil quedó evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado del que fuera hasta el 2007 director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla (Operación Madeja).

Del informe patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos), lo que provocó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de la empresa Fitonovo. El instituto armado informó además de que del análisis de la información incautada en las entradas y registros y de la actividad operativa de los investigadores se averiguó que la dirección de la empresa Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y cargos públicos.

Las prácticas ilícitas descubiertas causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas. Asimismo, al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación, indicaron desde la Guardia Civil. La jueza Mercedes Alaya ha decretado el secreto de sumario en esta actuación.

Pero las actuaciones de la UCO no se ciñeron sólo a los registros en las dependencias del ADIF y en el arresto de estas cinco personas, sino que también ha solicitado información respecto a las relaciones de la empresa Fitonovo con determinadas administraciones de Córdoba, de manera que los agentes se personaron ayer en la sede de la Diputación, en el palacio de la Merced de la capital. Una vez allí, los efectivos mantuvieron varios encuentros con responsables técnicos y políticos de la institución provincial y finalmente se llevaron alguna documentación y expedientes de contratación de la entidad. A lo largo de la mañana se especuló con que se habían realizado registros policiales en el edificio, un extremo que fue desmentido poco después. Las mismas fuentes reiteraron que ningún trabajador de la Diputación estaba imputado o detenido por su vinculación con este operativo.

Hasta el momento, la relación de Fitonovo con la institución provincial podría estar ligada a la adjudicación de algún contrato de obra pública, si bien de esta empresa trascendió ayer que fue concesionaria -en unión con otra firma- de una serie de actuaciones de mejoras viales en la localidad de Espiel, una obra que adjudicó la Diputación cordobesa en diciembre de 2009 a esta firma. Los agentes estuvieron ayer durante cinco horas en el palacio de la Merced y estuvieron en la zona de Presidencia y en las áreas de Régimen Interno y Contratación.

Mientras, desde el ADIF también confirmaron que la Guardia Civil se personó en algunas instalaciones de la empresa pública -tanto en Sevilla como en Córdoba- para pedir una serie de informaciones de la entidad, aunque el administrador no precisó si se trata de contratos que haya adjudicado. Otras fuentes indicaron que al menos en dos puestos laborales de la empresa en Córdoba se realizó un registro por parte de los agentes de la UCO, que concluyó con la detención de dos técnicos de esta empresa. La operación se mantiene abierta y no se descartan nuevas detenciones en la provincia.